Canarias presenta su propuesta para limitar la compra de vivienda por no residentes

El Gobierno de Canarias ha dado un paso para intentar frenar la compra de vivienda en el archipiélago por parte de personas no residentes. El Ejecutivo autonómico ha trasladado al Estado una propuesta normativa con la que busca que puedan aplicarse limitaciones temporales a estas operaciones y, al mismo tiempo, ha impulsado cambios en el ámbito europeo para dar cobertura a medidas excepcionales en regiones ultraperiféricas e insulares como Canarias.

La iniciativa no está aprobada todavía. Por ahora, lo que existe es una propuesta remitida al Gobierno de España y una batería de enmiendas planteadas al proyecto de Reglamento europeo de Vivienda Asequible. El Ejecutivo canario sostiene que ambas vías son necesarias para responder a la presión sobre el mercado residencial y a la emergencia habitacional que reconoce en las islas.

Qué ha presentado exactamente el Gobierno canario

Según la comunicación oficial difundida por el propio Ejecutivo autonómico, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad envió el 13 de octubre de 2026 una propuesta de enmiendas al proyecto europeo para que las autoridades de vivienda de regiones ultraperiféricas, islas y determinadas zonas costeras puedan regular o limitar temporalmente la compra y el alquiler de vivienda por extranjeros no residentes.

En paralelo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, informó de que el Gobierno de España ya dispone de una propuesta legislativa elaborada por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. Esa propuesta busca limitar la compra de vivienda por extranjeros no residentes en el archipiélago, aunque el contenido definitivo no ha sido aprobado como norma en vigor.

El mensaje político del Ejecutivo canario es claro: quiere abrir una vía legal para restringir el acceso al mercado de compraventa a quienes no acrediten residencia en las islas. Sin embargo, la medida sigue en fase de impulso institucional y depende todavía de decisiones en Madrid y, en parte, en el ámbito europeo.

En qué punto está la iniciativa

El estado más reciente confirmado es que la propuesta ya ha sido trasladada al Gobierno central y que Canarias pide que se tramite con rapidez. Clavijo reclamó el 13 de octubre que el Consejo de Ministros apruebe antes de que termine la legislatura el texto elaborado por los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico.

Además, el asunto se ha movido también en el Parlamento de Canarias, donde se registraron preguntas y escritos relacionados con esta estrategia. Ese trámite confirma que la iniciativa forma parte de la agenda política e institucional, aunque todavía no se ha convertido en una restricción efectiva para los compradores no residentes.

La diferencia entre ambos planos es importante. Por un lado está la vía europea, pensada para que futuras normas comunitarias permitan excepciones en territorios con problemas específicos de acceso a la vivienda. Por otro, la vía estatal, que es la que Canarias considera más inmediata para poder aplicar la limitación en el archipiélago. Ninguna de las dos ha culminado aún en una aprobación definitiva.

Qué alcance tendría la medida según los borradores conocidos

Los detalles más concretos sobre el contenido han llegado a través de informaciones periodísticas, no de un texto normativo ya aprobado. EFE publicó el 15 de octubre de 2026 que la propuesta elevaría a real decreto-ley una prohibición de compra para quienes no acrediten diez años de empadronamiento en Canarias, o quince años si la residencia ha sido discontinua. Otras informaciones difundidas ese mismo día añadían que el borrador también fijaría un máximo de dos viviendas por persona.

Esos extremos deben leerse con cautela. Forman parte de un borrador o de documentos en trámite, no de una norma vigente. Por tanto, no puede hablarse todavía de un régimen cerrado ni de reglas aplicables de forma inmediata al mercado inmobiliario canario.

En cualquier caso, el sentido de la propuesta es reducir la presión de la demanda externa sobre una oferta residencial que el Gobierno autonómico considera insuficiente para la población residente. La limitación, de salir adelante, afectaría a quienes no puedan demostrar una vinculación prolongada con el archipiélago.

Por qué Canarias defiende esta vía

El Ejecutivo autonómico vincula esta iniciativa a la emergencia habitacional que atraviesan las islas. Su argumento es que el encarecimiento de la vivienda y la escasez de oferta accesible obligan a buscar mecanismos extraordinarios para priorizar a la población residente.

En esa misma línea, el Gobierno de Canarias ya había insistido en mayo de 2026 en que la Unión Europea permitiera medidas excepcionales para limitar la compra por no residentes. Más recientemente, Clavijo afirmó en septiembre, en Dublín, que veía una oportunidad en la presidencia irlandesa de la UE para avanzar en ese tipo de cambios, apoyándose en la condición de región ultraperiférica de Canarias y en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La estrategia, por tanto, combina dos planos: uno político, para justificar la necesidad de intervenir el mercado; y otro jurídico, para encontrar una base legal que resista eventuales impugnaciones. La propia insistencia del Ejecutivo canario en trasladar propuestas tanto al Estado como a Bruselas revela que la viabilidad de la medida no se da por hecha.

El contexto del mercado inmobiliario

La propuesta llega en un momento en el que la compraventa por extranjeros ha mostrado signos de descenso en España y también en Canarias, aunque sigue teniendo un peso relevante en el mercado. Europa Press informó el 15 de octubre de 2026 de que la compraventa de vivienda libre por extranjeros cayó un 13% interanual en el primer semestre de 2026, hasta 62.327 operaciones en el conjunto del país, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado.

En el caso de Canarias, la misma agencia citó una bajada del 10,8% en el segundo semestre de 2025, hasta 3.667 operaciones. Son cifras que el debate político utiliza como contexto, pero no implican por sí solas una relación causal entre la presencia de compradores extranjeros y la dificultad de acceso a la vivienda. El Gobierno canario, no obstante, las interpreta como parte de un mercado tensionado.

Ese diagnóstico se conecta con otras decisiones adoptadas por el propio Ejecutivo autonómico en materia de vivienda durante 2026. Entre ellas figura el impulso a la limitación de compra de vivienda por extranjeros no residentes, que exige acreditar 10 años de residencia en Canarias, o 15 si ha sido discontinua, para acceder a vivienda protegida de promoción pública. No se trata de la misma medida, pero sí refleja una línea política orientada a priorizar la residencia acreditada.

Qué puede pasar ahora

Lo inmediato depende del Gobierno de España. Canarias pide que el Ejecutivo central asuma su propuesta legislativa y la lleve al Consejo de Ministros, pero hasta que eso ocurra no existe una restricción efectiva sobre la compra de vivienda por no residentes en el archipiélago.

En paralelo, la vía europea sigue abierta como marco de apoyo, aunque también está en fase preliminar. El Gobierno canario ha pedido que el futuro Reglamento europeo de Vivienda Asequible incorpore la posibilidad de aplicar limitaciones temporales en territorios con condiciones singulares, pero esa opción todavía no está consolidada en una norma definitiva.

La discusión, por tanto, no gira ya solo en torno a si Canarias quiere intervenir el mercado, sino a si el Estado y la Unión Europea aceptarán una fórmula jurídica que permita hacerlo. Mientras tanto, el debate seguirá centrado en un punto concreto: cómo compatibilizar el acceso a la vivienda de la población residente con la presión que ejerce la demanda externa en un mercado especialmente estrecho.