Canarias impulsa la limitación de compra de vivienda por extranjeros no residentes, pero la medida sigue pendiente de aprobación

El Gobierno de Canarias sigue impulsando la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes en el archipiélago, pero a día de hoy no consta que esa restricción esté aprobada ni en vigor. La iniciativa continúa abierta en el plano institucional, con contactos con el Gobierno de España, traslado de la propuesta a la Unión Europea y debate en el Parlamento canario sobre la hoja de ruta para hacerla efectiva.

La posición del Ejecutivo autonómico es clara: quiere introducir cambios legales para priorizar el acceso a la vivienda de los residentes en las islas. Sin embargo, la información oficial revisada sitúa la propuesta todavía en fase de impulso político e institucional, no como una norma ya aprobada que limite de forma general la compra de inmuebles por extranjeros no residentes.

Qué plantea el Gobierno canario

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido al Estado que apruebe un cambio legislativo que permita restringir estas operaciones. Según la documentación oficial consultada, el Ejecutivo autonómico sostiene que existen argumentos jurídicos para defender esa limitación y que la medida podría encajar en un marco legal más amplio si prospera la tramitación correspondiente.

La estrategia del Gobierno de Canarias se ha movido en dos planos. Por un lado, el estatal, con peticiones formales al Ejecutivo central y referencias a un posible respaldo político a la iniciativa. Por otro, el europeo, al haber trasladado la cuestión a las instituciones comunitarias en busca de margen jurídico y político para poder aplicarla.

Conviene subrayar que ese respaldo estatal aparece por ahora en comunicados y declaraciones del propio Gobierno canario. No consta todavía una decisión definitiva del Consejo de Ministros ni una reforma publicada que materialice la limitación.

La situación actual: debate abierto, no medida en vigor

La parte más relevante para entender el estado del asunto es que no hay constancia de una prohibición o restricción efectiva ya vigente que impida de manera general la compra de vivienda por extranjeros no residentes en Canarias. Lo que sí existe es una estrategia política activa y un proceso de interlocución con distintas administraciones.

El Parlamento de Canarias sigue abordando el asunto. En octubre de 2026 se registraron preguntas sobre la hoja de ruta del Gobierno para hacer efectiva la limitación, una señal de que el proceso continúa abierto y de que todavía no se ha cerrado la vía normativa. Esa actividad parlamentaria confirma que el debate no está resuelto y que la propuesta sigue en trámite político.

También consta trabajo del Gobierno autonómico en propuestas relacionadas con el acceso a la vivienda, pero en la información revisada no aparece publicada una reforma legal autonómica o estatal que haya convertido esa aspiración en una restricción real y aplicable.

Por qué Canarias pone el foco en los compradores extranjeros

El argumento principal del Ejecutivo canario es que la presión del mercado residencial en las islas exige priorizar a la población residente. En los debates parlamentarios celebrados en 2026, representantes del Gobierno y de grupos que lo apoyan han defendido que la vivienda debe reservarse preferentemente para quienes viven y trabajan en Canarias, vinculando parte de la tensión del mercado a la demanda de compradores extranjeros no residentes.

Esa es la línea política de fondo: la idea de que una parte significativa de la compra de vivienda en el archipiélago se está produciendo por perfiles que no residen de forma habitual en las islas, lo que, según sus defensores, presiona los precios y dificulta el acceso de la población local. Se trata de un argumento político sostenido por el Ejecutivo regional, no de una conclusión jurídica ya consolidada ni de una medida ya adoptada.

La Comisión Europea aporta un dato que explica por qué Canarias ha colocado este asunto en el centro del debate. En un documento de 2026 sobre vivienda en España, señala que los compradores extranjeros representaron el 27,2% de las compraventas de vivienda en Canarias en 2024. Ese porcentaje sitúa al archipiélago entre los territorios con mayor peso de la demanda extranjera en el mercado residencial.

El encaje legal y europeo, la gran incógnita

Más allá del debate político, el principal reto sigue siendo el encaje jurídico de una limitación de este tipo. La política de vivienda es, en gran medida, competencia nacional, aunque el asunto se está discutiendo también en el marco europeo por sus implicaciones para el mercado interior y para las particularidades territoriales de regiones como Canarias.

El Consejo de la Unión Europea ha reconocido recientemente que la vivienda es un problema europeo y ha subrayado la importancia de tener en cuenta factores demográficos y territoriales. Aun así, el marco general sigue dejando la política de vivienda principalmente en manos de cada Estado miembro. Ese reparto competencial explica por qué Canarias busca apoyo en Madrid y también en Bruselas.

La propia documentación institucional apunta a que el Gobierno canario trabaja para que su propuesta encuentre respaldo en ambos niveles. Pero, por ahora, ese trabajo no se ha traducido en una norma ya aprobada que pueda aplicarse de forma inmediata.

Qué dicen las fuentes oficiales y qué sigue pendiente

Las declaraciones del Gobierno de Canarias han ido en la línea de presentar la medida como una respuesta necesaria al problema de acceso a la vivienda. También han insistido en que existe base jurídica para defenderla y en que el Ejecutivo estatal habría mostrado receptividad a parte de la propuesta. Sin embargo, esas afirmaciones deben leerse como posicionamientos del propio Gobierno autonómico hasta que exista una decisión oficial distinta publicada por el Estado.

En paralelo, el Parlamento autonómico ha seguido recabando información sobre los pasos previstos y la tramitación de la iniciativa. La existencia de preguntas parlamentarias en octubre de 2026 refuerza la idea de que el proceso continúa en desarrollo y de que la hoja de ruta todavía no se ha cerrado.

Lo más preciso, a día de hoy, es describir el escenario como un intento político e institucional de Canarias por restringir la compra de vivienda por extranjeros no residentes, con apoyos y contactos aún en fase de concreción, pero sin una medida final ya aprobada que pueda darse por hecha.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

Si la propuesta avanza, el siguiente paso tendría que pasar por un cambio normativo con suficiente cobertura legal para soportar posibles impugnaciones. La información revisada no indica que ese cambio esté ya completado, así que cualquier efecto práctico sobre las compraventas sigue supeditado a lo que decidan el Gobierno de España y, en su caso, las instituciones europeas.

Mientras tanto, el debate seguirá girando en torno a dos preguntas: si el ordenamiento permite introducir una limitación de este tipo y si esa restricción sería compatible con el marco nacional y europeo. Por el momento, Canarias ha conseguido situar la cuestión en la agenda pública, pero no ha cerrado todavía el paso decisivo que la convertiría en una realidad normativa.