Canarias presenta el borrador de su Ley del Litoral para adaptar la gestión costera del archipiélago

El Gobierno de Canarias presentó este viernes 16 de octubre de 2026 el borrador de la futura Ley del Litoral de Canarias durante el I Congreso de Costas Canarias, celebrado en Gran Canaria. Con este texto, el Ejecutivo quiere adaptar la regulación costera a las singularidades territoriales, ambientales y administrativas del archipiélago, y abrir ahora una fase de debate técnico y jurídico antes de que la norma pueda seguir su tramitación.

Por el momento, lo confirmado es que existe un borrador ya presentado públicamente. No consta en las fuentes revisadas que la ley haya sido aprobada ni que haya entrado todavía en trámite parlamentario como proyecto de ley.

Un anteproyecto para adaptar la regulación estatal a la realidad insular

La iniciativa responde a una demanda histórica del Gobierno canario: contar con un marco propio para gestionar un litoral que, según la propia Administración, no puede abordarse como si fuera un tramo costero continuo y homogéneo. El Ejecutivo recuerda que el archipiélago suma 1.126 kilómetros de litoral, repartidos de forma discontinua entre islas y con características muy distintas según la costa, el uso del suelo y la presión turística o residencial.

La base jurídica de la propuesta se vincula al artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce competencia exclusiva en materia de ordenación y gestión del litoral, siempre dentro del respeto al régimen general del dominio público marítimo-terrestre. Sobre esa premisa, el Gobierno sostiene que la ley debe permitir una aplicación más ajustada a la realidad de cada isla y de cada tramo costero.

Según la documentación oficial, la futura norma persigue varios objetivos: adaptar la normativa estatal básica a la realidad canaria, integrar la ordenación del litoral en la planificación ambiental, territorial y urbanística, reforzar la seguridad jurídica y establecer un marco competencial y procedimental más claro. También incorpora, en su planteamiento general, principios de desarrollo sostenible, conservación de ecosistemas costeros, adaptación al cambio climático y participación ciudadana.

En qué punto está el proceso

La presentación de este viernes no supone la aprobación definitiva de la ley, sino la exposición pública del borrador. La iniciativa ya había comenzado meses antes: el Consejo de Gobierno tomó en consideración el proyecto el 23 de febrero de 2026 y después se abrió una consulta pública previa entre el 16 de marzo y el 16 de abril del mismo año. Ese recorrido confirma que el proceso lleva tiempo en marcha y que el acto de octubre se encuadra en una fase posterior de exposición y contraste.

La documentación oficial habla de un “Anteproyecto de Ley de Gestión del Litoral y las Costas Canarias”, denominación que sitúa el texto en su estado actual: un documento de trabajo avanzado, pero aún sujeto a revisión. No se ha comunicado que el anteproyecto se haya convertido ya en proyecto de ley ni que exista un calendario parlamentario cerrado.

La presentación pública del borrador tiene, por tanto, una doble lectura. Por un lado, permite explicar el enfoque político y técnico del Gobierno. Por otro, abre la puerta a un proceso de participación y de debate sobre aspectos que todavía pueden cambiar antes de que el texto continúe su recorrido administrativo.

Playas, charcos y piscinas naturales, en el centro del debate

Uno de los elementos que más peso ha tenido en la exposición del borrador es la atención a realidades muy concretas del litoral canario, como las playas, los charcos y las piscinas naturales. Son espacios con un uso social muy intenso en muchas islas y, al mismo tiempo, con necesidades de protección, ordenación y mantenimiento distintas a las de otros entornos costeros.

El Gobierno ha subrayado que la ley pretende responder a esa diversidad y a los problemas que genera una regulación demasiado generalista. La intención declarada es que la futura norma no solo delimite competencias, sino que también ofrezca herramientas para gestionar mejor los espacios costeros, ordenar los usos y reforzar la protección de los ecosistemas más sensibles.

En la presentación también se mencionó la posible creación o refuerzo de mecanismos de coordinación como el Foro del Litoral, un instrumento que, según el planteamiento institucional, podría servir para articular el diálogo entre administraciones, sectores implicados y agentes técnicos. Esa posibilidad forma parte del debate abierto, pero no se presenta todavía como una decisión cerrada.

Las posiciones del Gobierno

En la presentación del borrador, el consejero Pablo Rodríguez defendió la necesidad de contar con más competencias y herramientas para la gestión costera. Su planteamiento se enmarca en la idea de que Canarias necesita capacidad de decisión suficiente para actuar sobre un litoral con necesidades muy específicas y con una elevada carga de uso y protección.

En la misma línea institucional, el Gobierno sostiene que el traspaso de competencias ha sido insuficiente y que la futura ley debe servir para dotar a la comunidad autónoma de un marco más eficaz, sostenible y cercano a las necesidades reales del territorio. Se trata de una valoración política del Ejecutivo, no de un hecho independiente, pero ayuda a entender el sentido de la propuesta.

El director general Antonio Acosta indicó, además, que la presentación del borrador permite iniciar un proceso de participación. Esa afirmación sitúa el texto en una fase de escucha y contraste, algo relevante en una norma que afecta a múltiples administraciones, sectores económicos, colectivos sociales y ámbitos de protección ambiental.

Qué implicaciones puede tener para la gestión costera

Si el texto avanza en la dirección descrita por el Gobierno, la futura ley podría tener efectos importantes en la forma de planificar y ordenar el litoral canario. El objetivo declarado es integrar mejor la gestión costera con la ordenación territorial, la política ambiental y el urbanismo, evitando que cada ámbito funcione por separado.

Eso podría traducirse, en términos generales, en un marco más claro para decidir sobre usos, protección de espacios sensibles, intervención en playas y coordinación entre administraciones. Sin embargo, esas consecuencias todavía dependen del contenido final de la ley y de su recorrido político y jurídico. El borrador presentado no equivale a una norma ya en vigor.

La referencia al cambio climático también resulta significativa. La documentación oficial incluye la adaptación climática entre los principios que deben orientar la futura regulación, lo que sugiere una voluntad de incorporar criterios de resiliencia y conservación a largo plazo. Nuevamente, se trata de una orientación de partida, no de una obligación ya aprobada con efectos jurídicos inmediatos.

Lo que viene ahora

Con el borrador ya presentado, el siguiente paso será el proceso de participación y revisión del texto, aunque las fuentes consultadas no detallan un calendario cerrado para las próximas fases. El estado actual del expediente es, por tanto, el de una propuesta avanzada pero todavía pendiente de consolidación.

La clave en los próximos meses será comprobar hasta qué punto el Gobierno incorpora aportaciones al texto y si finalmente lo convierte en proyecto de ley. Hasta que eso ocurra, la futura Ley del Litoral sigue siendo una iniciativa en construcción, importante por su alcance político y territorial, pero todavía no una norma definitiva.